Mientras el precio del cobre alcanza niveles históricos y renueva las expectativas de inversión para el país, el Ministerio de Minería enfrenta un escenario crítico: 57 proyectos, por un total estimado de US$10.000 millones, permanecen en calificación ambiental. Esta cifra, revelada por Reinaldo Salazar, gerente de Estudios de Sonami, ha vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de agilizar la tramitación y revisar el rol de las instituciones públicas que intervienen en la cadena minera.
El telón de fondo es complejo. Por un lado, la bonanza del cobre abre una ventana para atraer inversión y aumentar la recaudación fiscal. Por otro, la llamada “permisología” mantiene frenados proyectos que podrían dinamizar el crecimiento. En ese contexto, ha generado controversia la idea, atribuida al presidente electo José Antonio Kast, de fusionar el Ministerio de Minería con otras carteras. Aunque se enmarca en una propuesta más amplia de rediseño del aparato estatal, el gremio minero y distintos expertos han manifestado reparos ante el posible debilitamiento de una institucionalidad técnica clave para el desarrollo del sector.
En el mundo gremial, la propuesta no convence. Jorge Riesco, presidente de Sonami, ha planteado que el momento no es el adecuado para diluir la cartera, especialmente considerando los desafíos que enfrentan la pequeña, mediana y gran minería. En la misma línea, Manuel Viera, desde la Cámara Minera de Chile, ha rechazado tajantemente cualquier figura de “biministros” o “triministros” que integren el área minera.
En contraste, el analista Juan Carlos Guajardo (Plusmining) plantea que una fusión no necesariamente implicaría pérdida de protagonismo, siempre que el nuevo diseño otorgue mayor influencia política al sector y permita destrabar procesos clave.
Más allá del debate político, el fondo del problema parece estar en la incertidumbre normativa. Según Sonami, la aplicación discrecional de guías técnicas por parte del SEA ha generado sobrecostos de hasta 10.308 UF y demoras de un año solo para ingresar al SEIA. Esto, sumado a la falta de claridad en los criterios evaluativos, impacta directamente en la planificación de inversiones.
Desde la industria se insiste en que el problema no es solo de velocidad, sino de certeza: saber con claridad qué se espera de cada proyecto, cuánto demorará el proceso y qué costos implicará.
El destino institucional del Ministerio de Minería no es un tema menor. Fusionarlo con otra cartera no solo redefine atribuciones políticas y presupuestarias, sino que podría alterar la coordinación entre servicios clave para permisos, fiscalización, seguridad minera, fomento de fundiciones y la relación con comunidades.
En un ciclo de precios favorables, con presiones para acelerar decisiones y atraer inversión, la pregunta es si el Estado contará con una institucionalidad lo suficientemente robusta para responder con eficiencia, sin sacrificar los estándares ambientales ni la legitimidad de los procesos.
