El freno de la «permisología»: Proyectos mineros pueden tardar hasta 11 años en ver la luz

La minería chilena enfrenta un enemigo silencioso que no tiene que ver con el precio del cobre ni con las leyes del mineral, sino con el papeleo. Un reciente estudio puso cifras al fenómeno de la «permisología», evidenciando que un proyecto minero de gran envergadura puede demorar más de una década en obtener todas las autorizaciones necesarias para operar.

El dato más alarmante del reporte indica que hay permisos específicos que, por ley, deberían entregarse en un par de meses, pero que en la práctica se extienden por años. Esta brecha, que llega a ser hasta 27 veces superior al plazo legal, genera una incertidumbre que, según los expertos, espanta a los inversionistas y resta competitividad al país frente a otros mercados mineros.

Desde las asociaciones gremiales aseguran que el problema no es la existencia de regulaciones —las cuales consideran necesarias para la seguridad y el medio ambiente— sino la falta de eficiencia y coordinación entre los distintos servicios públicos. La duplicidad de funciones y los criterios variables entre regiones terminan convirtiendo cada trámite en un «cuello de botella» interminable.

Esta demora de hasta 11 años tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Al postergarse la puesta en marcha de una mina, se retrasa también la creación de miles de puestos de trabajo y la recaudación de impuestos que el Estado necesita para financiar programas sociales. En la industria advierten que Chile ya no puede darse el lujo de esperar tanto.

Ante este escenario, el Gobierno impulsó una agenda de modernización para reducir los plazos de la permisología sin bajar los estándares ambientales. Sin embargo, parlamentarios de zonas mineras y actores del sector coinciden en que las reformas avanzan a paso lento, mientras proyectos clave siguen «durmiendo» en las carpetas de la administración pública.

El desafío para este 2026 será destrabar esta red de trámites. De no lograrse un cambio profundo en la gestión estatal, el país corre el riesgo de estancar su principal motor económico justo cuando la demanda mundial de minerales críticos para la transición energética está en su punto más alto.