Comunidades indígenas de Tarapacá presentaron reclamación judicial para frenar el proyecto minero Champagne

Las comunidades indígenas quechua de la Región de Tarapacá interpusieron una reclamación formal ante el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, buscando revertir la aprobación del proyecto minero Champagne. La acción legal apunta directamente contra la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que visó la iniciativa de prospección a pesar del rechazo de los habitantes originarios del sector.

El conflicto jurídico se centra en el área de influencia del proyecto, emplazado en la comuna de Pica, una zona de alta sensibilidad ecológica y cultural para el pueblo quechua. Los reclamantes argumentan que la autoridad ambiental omitió considerar los impactos significativos sobre sus recursos hídricos, sus bofedales y los sitios ceremoniales que forman parte de su patrimonio ancestral.

Dentro de los fundamentos del libelo, las comunidades denuncian que el proceso de Consulta Indígena contemplado en la legislación vigente adoleció de vicios estructurales y no cumplió con los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT. Según los dirigentes de la zona, las observaciones planteadas durante las etapas de participación ciudadana fueron desestimadas técnicamente por el titular del proyecto y el comité evaluador.

Por su parte, la empresa responsable de la prospección minera ha defendido la legalidad de sus permisos, asegurando que la campaña de sondajes cumple con todas las normativas ambientales y sectoriales requeridas en el país. La firma sostiene que las obras civiles planificadas son de carácter acotado y que existen compromisos de mitigación específicos para resguardar la flora y fauna del entorno cordillerano.

El Primer Tribunal Ambiental ya acogió a trámite el recurso de reclamación y solicitó los informes detallados al Servicio de Evaluación Ambiental para iniciar la revisión del fondo de la controversia. El dictamen de los ministros de la corte especializada será clave para definir el futuro de la inversión minera, en un escenario regional marcado por la creciente judicialización de proyectos en áreas protegidas.