El Ministerio de Minería ingresó a toma de razón en la Contraloría General de la República el decreto supremo que establece los requisitos y condiciones para la suscripción de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el yacimiento de Laguna Verde, ubicado en la Región de Atacama. El documento define los lineamientos técnicos y financieros que deberá cumplir el titular para la exploración y explotación del recurso en dicha zona.
La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional del Litio y busca dar celeridad a la entrada de nuevos proyectos que permitan aumentar la producción nacional. Según los antecedentes del decreto, el Ministerio ha definido parámetros específicos sobre la protección del ecosistema en el salar, integrando criterios de sostenibilidad ambiental en el proceso de tramitación del contrato.
Una vez que la Contraloría tome razón del decreto, se procederá a la publicación de las bases definitivas. Esto permitirá que la empresa interesada avance en las etapas de evaluación de impacto ambiental y consulta indígena, requisitos obligatorios antes de iniciar cualquier faena de extracción en la zona cordillerana de Atacama.
Desde el Ejecutivo destacaron que el avance en Laguna Verde representa un hito para la diversificación de actores en la industria del litio. El decreto establece que el contrato tendrá una duración determinada y contempla cláusulas sobre el pago de regalías y la transferencia tecnológica, con el fin de asegurar beneficios económicos para el Estado y las comunidades locales.
El proceso en Laguna Verde se suma a otros proyectos que el Gobierno busca concretar durante el año 2026 para consolidar la red de salares productivos. La autoridad minera enfatizó que el cumplimiento de los plazos en el organismo contralor es clave para dar certezas jurídicas a los inversionistas y mantener la competitividad de Chile en el mercado global de minerales críticos.
En los próximos días, el Ministerio de Minería deberá informar el cronograma actualizado para la firma del CEOL, una vez superada la revisión administrativa. La industria minera se mantiene expectante ante las condiciones finales del decreto, las cuales fijarán el estándar para futuras licitaciones y contratos directos en yacimientos de características similares en el norte del país.
