El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República contra la corporación estatal Codelco, luego de detectar graves inconsistencias en la información entregada tras un accidente ocurrido en 2023. La acción judicial apuntó a presuntas irregularidades y ocultamiento de datos relacionados con un estallido de roca que afectó a la División El Teniente, en la Región de O’Higgins. El organismo técnico tomó esta determinación tras una exhaustiva revisión de los protocolos y reportes emitidos por la minera estatal, los cuales no coincidieron con los hallazgos de las inspecciones en terreno.
El origen de la disputa judicial se remontó al evento de junio de 2023, cuando un fenómeno de estallido de roca en el subsector Andes Norte generó daños de consideración y puso en riesgo la integridad de los trabajadores. Sernageomin argumentó que la estatal proporcionó versiones contradictorias sobre el alcance del incidente y las medidas de seguridad adoptadas antes y después del suceso. Según las indagaciones previas, existieron indicios de que la información técnica fue manipulada o presentada de forma parcial para minimizar el impacto del evento ante las autoridades reguladoras.
La denuncia ante la Fiscalía buscó determinar si estas acciones constituyeron delitos que pusieron en peligro la seguridad pública y la de los operarios mineros. Por otro lado, la presentación ante la Contraloría persiguió establecer las responsabilidades administrativas de los altos mandos de Codelco involucrados en la cadena de reporte. Sernageomin subrayó que la transparencia en el sector minero fue fundamental, especialmente tratándose de la empresa más importante del Estado, la cual debió cumplir con los más altos estándares de probidad y seguridad.
Desde Codelco, el directorio manifestó que colaboró activamente con todas las instancias de investigación y que inició procesos internos para aclarar las supuestas inconsistencias. La cuprífera estatal defendió sus protocolos de seguridad, aunque reconoció que las observaciones del servicio técnico fueron de extrema gravedad. El estallido en Andes Norte fue uno de los episodios más complejos registrados en El Teniente en la última década, lo que obligó en su momento a paralizar faenas de manera temporal para evaluar la estabilidad de las galerías afectadas.
Diversas agrupaciones de trabajadores y sindicatos mineros reaccionaron con preocupación ante la denuncia, exigiendo que se esclarecieran los hechos a la brevedad. Los dirigentes señalaron que la seguridad en las faenas subterráneas no pudo transarse por metas de producción, y que el ocultamiento de información técnica fue una práctica inaceptable. La presión sobre la actual administración de Codelco aumentó, dado que este flanco judicial se abrió en un momento en que la estatal enfrentó importantes desafíos operativos y retrasos en sus proyectos estructurales.
Con la denuncia ya en manos del fiscal regional y del contralor, se esperó que en las próximas semanas se citara a declarar a los ejecutivos responsables del área de seguridad y operaciones de la División El Teniente. El Gobierno, a través del Ministerio de Minería, monitoreó de cerca la situación, enfatizando que no hubo espacio para la opacidad en el manejo de desastres o riesgos laborales. El desenlace de este caso podría sentar un precedente histórico sobre la fiscalización y la entrega de datos técnicos en la industria minera nacional.
