El sindicato de trabajadores de Minera Spence acusó el inicio de un proceso de desvinculaciones que afectó a decenas de operarios y supervisores en la faena ubicada en la Región de Antofagasta. La organización calificó la medida como injustificada, argumentando que la compañía registró niveles de producción récord y excedentes operacionales significativos durante el último ejercicio financiero. Los dirigentes manifestaron que la reducción de personal respondió a una estrategia de optimización de costos que no consideró el compromiso de la dotación local.
La movilización de los trabajadores incluyó asambleas informativas y la paralización parcial de algunas áreas operativas como señal de protesta ante la salida de sus compañeros. Según los representantes sindicales, la empresa utilizó el argumento de necesidades de la empresa para ejecutar los despidos, a pesar de que los informes de sostenibilidad y resultados trimestrales mostraron una solidez económica excepcional. El grupo minero BHP, controlador del yacimiento, reportó recientemente un incremento en sus ganancias globales impulsado por el alto precio de los metales y la eficiencia en sus activos chilenos.
La directiva del sindicato solicitó la intervención de la Inspección del Trabajo para revisar la legalidad de los finiquitos y verificar si existieron causales reales que permitieran la desvinculación de personal calificado. Los operarios señalaron que la carga laboral aumentó de manera considerable en los últimos meses debido a la puesta en marcha de nuevos proyectos de lixiviación, lo que hizo aún más contradictoria la decisión de reducir la plantilla. La situación generó un clima de incertidumbre entre los empleados que permanecieron en sus puestos ante posibles nuevas jornadas de despidos.
Desde la administración de Minera Spence indicaron que la reestructuración obedeció a un plan de modernización tecnológica y a la finalización de etapas específicas en el ciclo de vida del mineral. La compañía afirmó que el proceso se realizó bajo estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente y que se ofrecieron planes de salida que superaron las exigencias legales. No obstante, los trabajadores insistieron en que el modelo de gestión priorizó la rentabilidad inmediata de los accionistas por sobre la estabilidad de las familias de la zona.
El conflicto escaló a nivel parlamentario, donde algunos representantes de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados anunciaron que pedirán informes a la empresa para conocer el detalle de las indemnizaciones y los criterios de selección aplicados. Los legisladores expresaron su preocupación por el impacto social que estas medidas tuvieron en la comunidad de Sierra Gorda y Antofagasta, considerando que Spence es uno de los principales empleadores de la provincia. La autoridad minera llamó a las partes a mantener canales de diálogo abiertos para evitar que la productividad del sector se vea comprometida.
El sindicato no descartó iniciar acciones legales colectivas si no se logra una mesa de negociación para frenar la salida de más personal durante el primer semestre de 2026. La organización subrayó que las empresas transnacionales que operan en territorio nacional deben mantener una coherencia entre sus discursos de responsabilidad social y las acciones que afectaron la empleabilidad de sus colaboradores. El escenario permaneció en desarrollo mientras se esperaban nuevas declaraciones oficiales de los ejecutivos de BHP sobre el futuro de la operación en el norte del país.
