La Asociación de Generadoras de Chile (AG) manifestó su inquietud ante el retiro de los decretos DS88 y DS125 desde la Contraloría General de la República. Estos documentos buscaban regular el funcionamiento de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), un sector clave para la matriz energética nacional, pero cuya normativa actual se encuentra en un punto de incertidumbre jurídica.
Desde el gremio señalaron que esta acción administrativa frena el avance de proyectos de energía limpia y genera una señal negativa para la inversión en el sector. La preocupación principal radica en que la ausencia de estas reglas técnicas impide optimizar los costos de transmisión y distribución, factores que son determinantes para el cálculo final de las boletas que pagan los consumidores.
Expertos del sector explicaron que la integración eficiente de estos pequeños generadores era fundamental para alcanzar la meta de reducción de tarifas eléctricas hacia finales de la década. Al retirarse los decretos, se dilata la entrada en vigencia de mecanismos que permitirían estabilizar el sistema, lo que pone en riesgo el alivio económico esperado para los hogares a partir del año 2027.
La situación también afecta la planificación de las medianas empresas eléctricas, las cuales operan bajo regímenes de precios estabilizados. La falta de claridad sobre cómo se aplicarán las nuevas exigencias técnicas y financieras obliga a paralizar inversiones, en un contexto donde el país requiere aumentar su capacidad de generación renovable para cumplir con sus compromisos ambientales.
Para la Asociación de Generadoras, es urgente que el Ministerio de Energía reingrese los reglamentos con las correcciones necesarias para dar certeza al mercado. El gremio advirtió que cada mes de retraso en la normativa se traduce en una postergación de las mejoras en la eficiencia del sistema, lo que finalmente repercute en la competitividad de la industria y el bolsillo de los chilenos.
Finalmente, el sector privado llamó al Ejecutivo a establecer una mesa de trabajo que permita destrabar la tramitación de estos decretos. Mientras la incertidumbre persista, las proyecciones de bajas en las cuentas de luz se mantienen en duda, dejando a los usuarios finales a la espera de una solución regulatoria que permita consolidar una energía más económica y sustentable para el próximo trienio
