Un histórico y controvertido vuelco normativo registró la Región del Bío Bío luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobara de forma unánime el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de extracción de arcillas para la producción de concentrado de tierras raras en la comuna de Penco. La iniciativa minera, impulsada por la firma Aclara Resources tras subsanar una extensa serie de observaciones técnicas, obtuvo una luz verde clave con un saldo definitivo de doce votos a favor, cero abstenciones y ningún pronunciamiento en contra por parte de las autoridades regionales.
La sesión decisiva estuvo marcada por el respaldo en bloque de las secretarías regionales ministeriales que integran la instancia, registrándose los sufragios favorables de los seremis de Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería, Desarrollo Social y Medio Ambiente. La determinación técnica se sintonizó con el Informe Consolidado emitido previamente por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que ya había recomendado la aprobación tras constatar que la compañía minera logró corregir las omisiones e inexactitudes detectadas en las adendas anteriores.
La resolución de la comisión ambiental se desarrolló de manera paralela a ruidosas manifestaciones ciudadanas y momentos de alta tensión en las afueras de las dependencias de la Delegación Presidencial Regional en Concepción. Agrupaciones ecologistas y vecinos de Penco se concentraron en pleno centro penquista para expresar su férreo rechazo a la instalación de la planta, argumentando que las faenas extractivas significarán un daño irreversible para los ecosistemas locales y la calidad de vida de la comunidad circundante.
Tras oficializarse el veredicto del comité evaluador, las reacciones en la comuna costera no se hicieron esperar. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, acompañado por la totalidad de los seis concejales de la corporación municipal, reiteró la postura de rechazo absoluto del municipio frente a la minera y descartó que el dictamen signifique una derrota definitiva. El jefe comunal adelantó de forma tajante que los equipos jurídicos locales ya se encuentran analizando el detalle de la resolución técnica con el fin de determinar los próximos pasos legales y administrativos a seguir.
Por su parte, los voceros de las organizaciones socioambientales de la zona advirtieron que recurrirán a todas las instancias administrativas y a los tribunales ambientales correspondientes para intentar revertir el dictamen regional. Los dirigentes locales sostuvieron que los procesos de participación ciudadana adolecieron de fallas y que una parte importante de las observaciones formuladas por los habitantes de Penco no fueron respondidas conforme a los estándares legales, abriendo el escenario a una prolongada judicialización del proyecto minero.
