La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el 17 de noviembre el proyecto que modifica la fecha de entrada en vigencia de la Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Con esta votación, la iniciativa quedó despachada por el Congreso y a la espera de su aprobación presidencial, promulgación y publicación.
La nueva fecha propuesta es el 15 de octubre de 2027, en reemplazo del 1 de diciembre de 2026 que establecía originalmente la normativa. La modificación busca entregar más tiempo para preparar la implementación de la ley y poner en funcionamiento la institucionalidad encargada de supervisar su cumplimiento.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es adelantar la conformación del Consejo Directivo de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. El Ejecutivo deberá presentar al Senado la primera propuesta de consejeros a más tardar nueve meses antes de la nueva fecha de entrada en vigencia.
Además, el Consejo aumentará de tres a cinco integrantes, quienes tendrán períodos de seis años, sin posibilidad de reelección y con una renovación parcial cada dos años.
La conformación anticipada de este organismo busca que la Agencia pueda establecer criterios e instrucciones para la aplicación de la normativa antes de que comiencen a regir sus nuevas exigencias. De esta manera, las empresas, instituciones y organizaciones podrán conocer con mayor claridad los estándares que deberán cumplir.
Durante la discusión legislativa también se abordó la aplicación de sanciones por incumplimientos. Sin embargo, no prosperó la propuesta de extender a todas las empresas la posibilidad de recibir amonestaciones escritas en lugar de multas durante el primer año de aplicación. Esta alternativa quedó limitada a las pequeñas y medianas empresas.
Un plazo adicional para las organizaciones sindicales
La nueva normativa también tendrá implicancias para las organizaciones sindicales, que manejan información personal de sus afiliados, como datos de contacto, antecedentes laborales y otros datos que pueden tener carácter sensible.
Por ello, el período adicional permitirá revisar y fortalecer los procedimientos internos relacionados con la recopilación, almacenamiento, utilización y resguardo de esta información, además de evaluar las medidas necesarias para cumplir con las nuevas obligaciones legales.
Para los sindicatos, este proceso representa un desafío importante en materia de protección de la privacidad y seguridad de los antecedentes de sus asociados, especialmente considerando el uso cotidiano de bases de datos, registros y canales de comunicación.
Aunque el proyecto ya fue despachado por el Congreso, su nueva fecha de entrada en vigencia quedará formalizada una vez que complete su tramitación y sea publicado en el Diario Oficial.