En estas últimas semanas, la minera Ojos del Salado ha estado fuertemente cuestionada por un gran socavón de 36,5 metros de diámetro y 64 metros de profundidad, producido en los terrenos de dicha minera en la ciudad de Tierra Amarilla en el norte de Chile. Ante los anuncios de demandas, se defienden.
Desde la minera aseguran que el socavón “no genera riesgos para la población ya que se encuentra a 600 metros de la vivienda más cercana, mientras que está a más de 800 metros de cualquier otro centro poblado o de servicio público”, según Edwin Hidalgo, gerente de Comunicaciones Externas y Asuntos Públicos de la Compañía.
Desde el Gobierno, tres entidades públicas preparan acciones legales contra la minera: Sernageomin, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la Dirección General de Aguas (DGA). Además, diputados de la zona están trabajando en la creación de una comisión investigadora en la Cámara Baja.
A mediados de mes, la SMA ordenó a Ojos del Salado seis medidas urgentes y transitorias, entre las que se incluye la realización de un estudio de estabilidad del suelo en el área de influencia directa del evento, considerando un radio de 500 a 800 metros, y la entrega de un estudio técnico para comprobar si los volúmenes de agua extraída históricamente han generado o no un detrimento del acuífero de aluvial del Río Copiapó u otro presente en el área. La empresa tiene 30 días hábiles para ejecutar las órdenes emitidas el 12 de agosto.
Por su parte, la Ministra de Minería, Marcela Hernando, aseguró esta semana que “existe una sobreexplotación que tendría relación con el hundimiento” y que tres entidades públicas presentarán cargos en contra.
“El caserón Gaby 4 estaba diseñado y autorizado para una explotación de 400 mil toneladas y de acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, se detectó que se han extraído 300 mil toneladas y dentro del caserón quedan, a lo menos, 300 mil toneladas más”, señaló la ministra este jueves tras reunirse con autoridades locales y representantes de los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y Medio Ambiente.
“Eso significa claramente que existe una sobreexplotación que tendría relación con el hundimiento y que a su vez podría haber afectado al acuífero existente en el lugar”, añadió.
Ante esta situación, la Gerenta General de Administración de la minera Ojos del Salado, Karia Briño, afirmó que “hay que completar todos los estudios para determinar si hay conexión entre la actividad minera y el socavón”.
La ejecutiva plantea como hipótesis del desprendimiento la relación entre las intensas lluvias de julio que también afectaron una zona de explotación de la minera de alcaparrosa situada 137 metros más abajo de la zona del socavón llamada Caserón Gaby, la que está inundada.
Briño aseguró que tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad y que seguirán colaborando con las autoridades como lo han venido haciendo hasta ahora para esclarecer los hechos.
“No va haber actividad minera que vaya a poner en riesgo la vida y seguridad de nuestros trabajadores”, aseguró. Sin embargo, hizo ver que es necesario retomar la actividad porque la empresa da empleo a 1.300 personas.
