Municipios deberán rendir cuenta pública sobre fondos del royalty minero

La Cámara de Diputados aprobó en forma unánime un proyecto de ley que obliga a los municipios a rendir cuentas anuales sobre el uso de los recursos provenientes del royalty minero. La iniciativa, que ya fue enviada a segundo trámite, busca garantizar la transparencia en la destinación y ejecución de estos fondos, alineándose con los objetivos de la Ley 21.591, que regula el royalty minero desde enero de 2024.

La normativa establece tres fondos clave: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras, el de Apoyo para la Equidad Territorial, y el Fondo Puente, orientado al apoyo directo de las regiones. Estos recursos, destinados a proyectos de investigación, tecnología y desarrollo productivo, comenzarán a distribuirse a 307 municipios a partir de 2024 y se ampliarán en 2025.

El proyecto aprobado refuerza la obligación de las municipalidades de incluir información detallada sobre la utilización de estos fondos en sus cuentas públicas anuales. Este requisito abarca tanto la destinación como la ejecución de los recursos en los programas y proyectos para los cuales fueron asignados. Según la moción, el objetivo es evitar el mal uso de los fondos y asegurar que se traduzcan en oportunidades de desarrollo para las comunidades beneficiadas.

La propuesta, presentada por el diputado Jaime Mulet (FRVS) y respaldada por parlamentarios de diversas bancadas, fue destacada como una herramienta fundamental para garantizar el correcto uso de los recursos públicos. Durante el debate, se enfatizó la necesidad de evitar malversaciones, recordando casos anteriores de irregularidades en municipalidades. Además, se planteó la importancia de incorporar medidas similares de transparencia para otros ingresos municipales, como los provenientes del pago de patentes.

Aunque algunos lamentaron que la distribución de fondos alcance solo a poco más de 300 municipios, otros subrayan la relevancia de contar con profesionales capacitados que diseñen y ejecuten proyectos propios. Así, se busca evitar que las iniciativas sean derivadas a fundaciones externas, promoviendo un uso más directo y eficiente de los recursos del royalty.