El proyecto ingresó al Congreso en septiembre del 2018 y en mayo del 2021 fue aprobado por los diputados y despachado al Senado. Sin embargo, cuenta con varios detractores.
Hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional, y solo queda que la comisión de Hacienda revise el proyecto y luego lo despache a votación en Sala, proceso que inició el pasado martes.
En las exposiciones ante los legisladores, el ministro Marcel expresó que «luego de la aprobación del proyecto en la Comisión de Minería y Energía del Senado han surgido algunos temas que se han planteado que no alteran lo legislado por esa comisión, pero que podrían discutirse en esta etapa legislativa».
«Una de ellas es reponer los gastos de puesta en marcha como un costo para el cálculo de la Renta Imponible Operacional Minera Ajustada, que sería dejar el cálculo de renta operacional minera igual a como funciona actualmente con el impuesto específico», añadió.
Pero no sólo se han escuchado voces a favor, ya que en su exposición en la Comisión de Hacienda del Senado, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristián Argandoña, afirmó que la propuesta del gobierno de royalty a la minería “mantiene una carga tributaria excesiva, como lo avalan distintos cálculos”.
“Si bien reconocemos la necesidad de generar adecuaciones, para contribuir mejor en el financiamiento de las necesidades sociales del país, esta propuesta afectará la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente las inversiones futuras”, argumentó.
Por su parte, el director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, expuso la visión de los proveedores industriales del sector: “una carga tributaria alta, aunque se ha acercado a una competitiva, como la que propone el Ministerio de Hacienda, provocará futuras menores inversiones, por lo que se generarán menores utilidades a cada vez menos empresas contribuyentes. Si se consideran los menores empleos y menor encadenamiento, el impacto se multiplica”.
Sin embargo, sobre estas cargas tributarias, Marcel comentó que «lo otro que se ha planteado, a raíz de toda esta discusión sobre carga tributaria, ha sido establecer un límite a la carga tributaria potencial, tomando en cuenta la combinación de impuesto a la renta, impuesto a primera categoría, impuesto adicional y royalty».
«¿Qué es lo que significaría poner ese límite? Significaría que se da mayor seguridad, o predictibilidad, a la recaudación del impuesto que sería relevante en tres tipos de situaciones. Una es cuando tenemos una explotación minera que tiene posibilidad de mejorar significativamente su productividad. En ese caso, al tener un límite la suma de los impuestos, entonces una empresa que mejora mucho su productividad, tendría una carga tributaria algo menor”, explicó.
A grandes rasgos, el proyecto de royalty minero modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras que produzcan cobre en una cantidad mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. Para el cálculo de margen operacional se permite descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación.
