Una nueva polémica sacude a Codelco. El Sindicato de Profesionales de la División Chuquicamata (Supervisión) desafío públicamente los resultados de la auditoría interna que obliga a más de 6.300 trabajadores de la estatal a restituir bonos por incumplimiento de metas productivas. La organización, que agrupa a cerca de 700 socios, sostiene que parte del material observado sí cumplía con la normativa interna.
¿Qué pasó?
Todo se originó en marzo de este año, cuando una auditoría de Codelco detectó que 26.875 toneladas métricas finas de cobre habían sido registradas como producción de 2025 sin cumplir cabalmente los procedimientos internos de la compañía: 20 mil toneladas correspondían a óxidos de la División Chuquicamata y 6.875 toneladas a arsénico de calcio de la División Ministro Hales. La corrección implicó una baja de aproximadamente 2% en la producción propia informada por la estatal para ese año.
Como resultado, Codelco resolvió recalcular los incentivos variables entregados por cumplimiento de metas, afectando a 6.322 trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales, Casa Matriz y la Vicepresidencia de Proyectos. El monto total a restituir asciende a US$14,3 millones, cerca de $2 millones en promedio por persona.
Al respecto, el director del sindicato, Marcelo Bucarey, marcó una distinción importante: la organización no está cuestionando lo ocurrido con el material de Ministro Hales, sino específicamente el caso de las 20 mil toneladas de óxidos de Chuquicamata. Según explicó, existía un plan de trabajo de 18 meses respaldado por protocolos firmados entre las minas Chuquicamata y RT para procesar ese mineral, con una proyección de rentabilidad de US$20 millones. Para el dirigente, eso demuestra que el material cumplía con las certificaciones exigidas y que la primera auditoría contendría errores conceptuales en su base.
La medida ya había generado molestia entre otras organizaciones de la división. Semanas atrás, el director del Sindicato N°1 de Chuquicamata, Alberto Muñoz, había cuestionado que el monto de devolución golpea de forma muy distinta a obreros y a supervisores, siendo estos últimos los que recibieron los bonos más altos.
La compañía, por su parte, ya aplicó sanciones administrativas: la desvinculación de un ejecutivo señalado como responsable, amonestaciones a otros profesionales involucrados y una denuncia penal por las irregularidades detectadas en el registro de producción.
