Un nuevo escenario de incertidumbre judicial enfrenta el sector minero luego de que el Tribunal Ambiental correspondiente acogiera a trámite una reclamación formal interpuesta en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que había visado un polémico proyecto de extracción en el norte del país. La acción legal busca dejar sin efecto los permisos otorgados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), acusando graves deficiencias en la ponderación de los impactos ecosistémicos.
La reclamación judicial fue ingresada por comunidades locales, agrupaciones vecinales y organizaciones defensoras del medio ambiente, quienes argumentan que el proceso de evaluación omitió considerar de forma rigurosa la afectación a los acuíferos subterráneos y la flora nativa de la zona de influencia. Con la admisibilidad dictada por el tribunal especializado, se abre una etapa de revisión jurídica que obligará a los organismos del Estado y a la empresa titular a presentar sus descargos técnicos en las próximas semanas.
El libelo acusatorio apunta principalmente a que las medidas de mitigación y compensación propuestas por la minera son insuficientes para resguardar la sustentabilidad del territorio. Los opositores al proyecto aseguran que la operación pone en riesgo directo el patrimonio ambiental y el modo de vida de las comunidades colindantes, por lo que solicitan la invalidación total del permiso ambiental que permitía el inicio de las obras civiles y de explotación.
La decisión del Tribunal Ambiental de acoger a trámite este recurso instala una luz de alerta en el sector privado, en momentos donde la discusión sobre la certeza jurídica de las inversiones mineras y la demora en la permisología están en el centro del debate económico. De avanzar con éxito la reclamación, la iniciativa minera podría verse arrastrada a una paralización total o a la obligación de ingresar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, lo que postergaría por varios años los plazos de ejecución originales.
